Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son el motor del empleo en nuestro país. Alrededor del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en ellas. El principal problema que afrontan es su escasa liquidez, la que se ve más afectada por la falta de pago oportuno de sus facturas.

Las Mipyme afrontan este retraso en sus pagos sin ninguna legislación que las ampare, tal es así que, en muchos casos, el plazo para el cobro puede durar entre 60, 90 y 120 días, sin tener mayor posibilidad de reducir dichos periodos de tiempo. Y a consecuencia de esto, los microempresarios ven reducidas además sus oportunidades a acceder a créditos financieros.

Por ello, ante la falta de mecanismos legales que les permita exigir a las empresas públicas y/o privadas el pago oportuno de sus facturas es que hemos presentado el proyecto de Ley 4046 que propone el plazo de 30 días para que sus deudores paguen y las sanciones por incumplimiento.

Con esta propuesta se verán beneficiadas las más de 2 millones de Mipymes que existen a nivel nacional.

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